ASCEL denuncia a la Junta por poner cepos en caminos e infracción de la Ley de Protección de Datos
ASCEL denuncia a la Junta por poner cepos en caminos e infracción de la Ley de Protección de Datos
Naturalistas de ASCEL (Asociación para el Estudio y Conservación del Lobo Ibérico), mientras realizaban seguimiento de la población de lobo ibérico en la Comarca de Montes Torozos (Valladolid), localizaron en un camino público al menos cinco cámaras de fototrampeo y una de vigilancia fija que apuntaban a un lugar del mismo donde se encontraba un cepo destinado a capturar lobos. Personados en un cuartel de la Guardia Civil, interpusieron la correspondiente denuncia administrativa, como afectados, por infracción de la Ley Orgánica de Protección de Datos, ya que las cámaras se encontraban activadas a su paso por dicho camino público y no existía señalización alguna que advirtiera de su presencia o de que el tránsito era una zona videovigilada. Una inspección requerida del SEPRONA en la zona localizó las cámaras y el cepo. Tras pesquisas, consta que cámaras y trampa fueron colocadas por personal de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, con el fin de capturar lobos para radiomarcaje y seguimiento de ejemplares que la Junta está realizando.
Desde ASCEL nos parece indecente, tanto que la Junta de Castilla y León coloque cepos en caminos públicos, con el riesgo que ello supone para personas y demás fauna doméstica y salvaje, como que desde una Administración, que se supone debe dar ejemplo y atender escrupulosamente la legislación vigente, se incumpla alegremente una Ley Orgánica, como es la Ley 3/2018, de 5 de diciembre.
La falta de transparencia, soporte científico, ética en los procedimientos y, sobre todo, la ausencia de objetivos concretos que justifiquen estas labores, hacen que en ASCEL tengamos serias dudas sobre dicha iniciativa de radiomarcaje de ejemplares de lobos en Castilla y León; máxime cuando lo lidera y ejecuta una Administración como la Junta que pretende (como es público y notorio) eliminar la protección actual de la especie y volver al modelo anterior basado en la muerte de ejemplares por caza y controles. La Junta de Castilla y León tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes, y de utilizar aquellas partidas presupuestarias concedidas por el Ministerio para la conservación del lobo en acciones encaminadas a conservar el lobo, sin desviar esos fondos públicos hacia actividades de muy dudosa legalidad en ejecución, en finalidad y objetivos.
Desde ASCEL, continuaremos nuestra labor de auditar todas las actividades de ésta y otras Administraciones que han declarado pública y repetidamente su oposición a la conservación del lobo, a pesar de haber recibido cuantiosos fondos públicos para cumplir con ese compromiso.
