26 noviembre, 2024

Una operación conjunta de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional saca a flote en León el patrimonio oculto de una red de narcotráfico

Una operación conjunta de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional saca a flote en León el patrimonio oculto de una red de narcotráfico

Se trata de la segunda fase de una investigación que se inició en febrero de 2022 con la detención de tres personas, y otra más investigada, en diciembre de ese año por un delito de tráfico de drogas 

Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta con la Policía Nacional, han sacado a la luz el origen del patrimonio de una organización criminal que habría obtenido más de medio millón de euros procedentes del narcotráfico. Se les imputa un delito de blanqueo de capitales acumulado al delito de pertenencia a organización criminal y delito contra la salud pública por el que ya fueron detenidos en su día, en el mes de diciembre de 2022.

La investigación se inició en 2022 en el marco de la operación Atlantis cuando los agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Provincial de León investigaban la comisión de un delito contra la salud pública. Los investigadores seguían los pasos de un hombre que se encargaba de gestionar conductores con la finalidad de introducir drogas en la ciudad de León para la posterior distribución de sustancias estupefacientes. Los vehículos que utilizaban eran propiedad de uno de los encartados y ocultaban las drogas en habitáculos ocultos, huecos conocidos como “caletas”.

En una primera fase de la investigación y como resultado de los registros domiciliarios realizados, con la pertinente autorización judicial, se intervinieron 4.000 gramos de cocaína y 33.000 euros en efectivo, así como útiles de disposición de drogas y diversos vehículos, procediendo a la detención de tres individuos, y uno más investigado, todos ellos por un delito contra la salud pública.

Se sospechó desde el principio de que los beneficios obtenidos por la venta de cocaína los estaban blanqueando a través de dos sociedades, una de ellas dedicada a la explotación de locales de ocio nocturno y otra relacionada con la construcción, por lo que la investigación continuó tras las detenciones.

Es por ello que, a pesar del dinero incautado a los investigados en el momento de las detenciones que ascendía a 33.000 euros en efectivo, la Comisaría Provincial de León coordinada con la Agencia Tributaria de esta capital a fin de indagar de manera más exhaustiva en las cuentas de los detenidos así como las de su entorno, han realizado una investigación que tras la finalización de la misma arroja como resultado la aparición de más de medio millón euros, repartidos en cuentas bancarias, inmuebles y activos financieros.

La labor realizada por los agentes de Vigilancia Aduanera realizando una laboriosa investigación se ha centrado no solo en los detenidos sino en su entorno.

Los investigadores, tras escudriñar en los balances de sus cuentas bancarias y sus operaciones inmobiliarias han hallado importantes discrepancias económicas.

Los investigados utilizaban veintiséis cuentas corrientes a nombre de terceras personas, entre ellas menores de edad, y personas jurídicas siendo partícipes de diversos activos financieros mediante los cuales blanqueaban importantes sumas de dinero cuyo origen estaba en la distribución de sustancias estupefacientes, sin que conste ninguna otra actividad que pudiera justificar los ingresos que figuraban en esas cuentas bancarias.

Se ha tomado declaración a ocho testigos los cuales han venido a corroborar las sospechas de los investigadores poniendo de manifiesto el nivel de especialización de la organización criminal a la que pertenecían.

Uno de los investigados se encuentra actualmente en prisión cumpliendo una condena de seis años y pena de multa de un millón de euros, el cual junto con otras tres personas más se enfrentan como presuntos autores a un nuevo delito, en este caso de blanqueo de capitales, y cuyos autores, según el actual Código Penal, cuya que oscila entre los 6 meses y los 6 años de prisión además de responder con una multa del triple del dinero defraudado.

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