Profesores de los colegios concertados de Castilla y León presentan demandan a la Junta por supuesta «discriminación» en relación con la carrera profesional
Profesores de los colegios concertados de Castilla y León presentan demandan a la Junta por supuesta «discriminación» en relación con la carrera profesional
La Plataforma de Docentes de los Colegios Concertados de Castilla y León ha iniciado acciones legales presentando las primeras 85 demandas contra las entidades religiosas que gestionan estos centros y contra la Junta, en calidad de pagadora. La razón detrás de estas demandas es lo que consideran una «discriminación salarial» dirigida hacia los docentes excluidos del complemento de carrera profesional debido a haber recibido previamente la paga de antigüedad.
La mayoría de las demandas proviene de las provincias de Ávila, Valladolid y Salamanca. Se espera que en los próximos meses se unan al proceso afectados de Burgos y de otras provincias, ya que, según estima la plataforma, el conflicto podría afectar a alrededor de 700 u 800 profesores, de un colectivo total en Castilla y León cercano a los 9.000.
El complemento de carrera profesional, inicialmente aplicado al sector de la sanidad y posteriormente al colectivo de docentes públicos, según la plataforma, genera una «desigualdad o discriminación salarial» al ser extendido también a los docentes de colegios concertados, excluyendo a los más veteranos que ya han recibido la paga de antigüedad, consistente en cinco mensualidades, por su servicio a lo largo de veinticinco años.
El portavoz de la plataforma, Roberto Fernández Palenzuela, ha expresado su preocupación por los perjuicios que sufrirán los profesores más veteranos, quienes, a diferencia de sus colegas de la pública, no podrán recibir el complemento por carrera profesional. Además, señaló que esta situación resulta en una disparidad salarial de 300 euros mensuales, además del impacto en la base reguladora de la pensión de los excluidos. Fernández Palenzuela estima que la pérdida económica solo por los 300 euros mensuales ascenderá a 50.000 euros en nueve años, considerando también la repercusión en la base reguladora.
